La okupación de viviendas es un problema creciente que afecta a miles de propietarios en España. La desesperación por recuperar la vivienda puede llevar a los dueños a actuar por su cuenta, sin conocer las graves consecuencias legales que esto puede acarrear. Lo que muchos desconocen es que cualquier acción destinada a forzar la salida de los okupas o inquilinos morosos puede derivar en una denuncia contra el propio propietario por delitos de coacciones o, en algunos casos, allanamiento de morada.
El delito de coacciones: un peligro real para los propietarios
En su afán por recuperar lo que es suyo, muchos propietarios recurren a medidas como cortar los suministros, cambiar la cerradura o insistir reiteradamente para que los okupas se marchen. Sin embargo, la ley es clara: cualquier presión, amenaza o acto que fuerce indebidamente a alguien a abandonar una vivienda puede ser considerado un delito de coacciones, penado con hasta tres años de prisión.
El Artículo 172 del Código Penal establece:
«El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.»
Esto significa que, en los casos en los que las coacciones tengan como finalidad impedir el legítimo disfrute de la vivienda, la pena en abstracto es aún más grave: de 1 año y 9 meses hasta 3 años de prisión. Por lo tanto, intentar desalojar a los ocupantes sin seguir los cauces legales puede conllevar una condena severa que ponga en peligro la libertad del propietario.
La clave de este delito es la imposición de la voluntad del propietario sobre la del ocupante de manera ilegítima. No importa si la persona que ocupa la vivienda está ahí de forma ilegal o sin contrato: si el desalojo no se lleva a cabo por la vía judicial, el propietario podría enfrentarse a graves consecuencias penales.
Allanamiento de morada: un delito con graves consecuencias
Además del delito de coacciones, los propietarios también pueden ser acusados de allanamiento de morada si acceden a la vivienda sin el consentimiento de quienes la ocupan. Este delito, recogido en el artículo 202 del Código Penal, está castigado con penas de hasta dos años de prisión, que pueden aumentar hasta los cuatro años si se emplea violencia o intimidación.
Es importante recordar que la protección del domicilio no depende de la legalidad de la ocupación. Es decir, aunque el inquilino no pague o el okupa haya entrado de forma ilegítima, la ley sigue considerando la vivienda como su morada mientras resida en ella.
La vía legal: la única forma segura de recuperar tu propiedad
Ante esta situación, la frustración es comprensible, pero actuar al margen de la ley solo agravará el problema. La única manera de recuperar una vivienda sin exponerse a responsabilidades penales es seguir los procedimientos legales establecidos:
- Denunciar la okupación o impago del alquiler ante la Policía y los tribunales.
- Iniciar un procedimiento de desahucio si el ocupante tiene un contrato pero ha dejado de pagar.
- Solicitar el desalojo judicial si se trata de una okupación ilegal.
- Evitar cualquier acción personal para expulsar a los ocupantes, como cortes de luz, amenazas o acceso forzado a la vivienda.
¿Has sido denunciado por intentar recuperar tu propiedad?
Si has recibido una denuncia por coacciones o allanamiento de morada, es fundamental que actúes de inmediato. Estas acusaciones pueden acarrear graves consecuencias penales, desde multas cuantiosas hasta penas de prisión efectivas. La clave en estos casos es una defensa sólida que demuestre que no ha existido una conducta delictiva o que la acusación carece de fundamento.
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